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Estas son las 10 medidas urgentes que propone el empresariado español para impulsar la I+D+i


España invierte en I+D el 1,2% de su PIB, la misma cantidad que hace diez años, es decir, este gasto se encuentra estancado. Además, esta cifra es la mitad de la de países como Francia y un tercio de lo que se invierte en Alemania, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE). De esta manera, la I+D+i se encuentra estancada desde hace una década. El presidente de CEOE, Juan Rosell, destacó que "en tiempos de recuperación hay que priorizar en educación, formación, innovación y en I+D+i". "Ya llevamos tiempo perdido y tenemos que rectificar porque estamos al final del camino", afirmó el presidente de CEOE. Para ello, Rosell ha resaltado la necesidad de aumentar la inversión, tanto pública como privada, de simplificar y mejorar la seguridad jurídica, que "no es suficientemente clara". "Empieza a ser complicadísimo atender todos los requerimientos necesarios para acceder a la I+D, hay que simplificar", ha destacado el presidente. Para conseguir que la I+D+i tenga una posición destacada, los empresarios han presentado el decálogo de medidas urgentes.
 
1. Acuerdo de Estado por la I+D+i

El objetivo de este Decálogo es situar el apoyo a las actividades de I+D+i en el eje de las políticas del Gobierno. La I+D+i es uno de los pilares fundamentales sobre los que edificar el crecimiento sostenible y equilibrado de la economía, por lo tanto, el peso de las decisiones políticas en este ámbito debería recaer sobre la propia Presidencia del Gobierno.

Las políticas públicas de fomento de la I+D+i deben tener una visión de continuidad a largo plazo y ser coherentes a lo largo de todo el ciclo, desde la investigación a la innovación, que pasa por la puesta en el mercado de los desarrollos. Para ello, es fundamental que exista un respaldo social y parlamentario amplio a fin de que las restricciones presupuestarias no afecten a un área tan importante para la competitividad como es la I+D+i y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, debe asegurarse la participación del sistema educativo en este Acuerdo de Estado, en particular, en lo que respecta a la educación superior y la Formación profesional. También sería conveniente la participación de los Centros Tecnológicos, Organismos Públicos de Investigación y Plataformas Tecnológicas, por su importancia en los distintos eslabones de la cadena de valor.

2. Simplificación y coordinación legislativa y administrativa

Resulta necesaria una mayor coordinación en el seno de la propia Administración General del Estado (entre todos los Ministerios implicados en la financiación de la I+D+i), y entre ésta y las distintas Comunidades Autónomas, para revisar las prioridades de gasto y la reasignación de fondos, maximizar las inversiones del sector público y mejorar la seguridad jurídica del sistema. La coordinación de acciones con las Comunidades Autónomas es el primer paso en el establecimiento de verdaderas políticas de I+D+i sostenidas en el tiempo, sobre sectores estratégicos y/o tecnologías.

Por otro lado, es preciso avanzar en la armonización y simplificación de los procedimientos administrativos de ayudas a empresas dentro de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, posibilitando la gestión a través de una “Ventanilla Única” similar a la de los Programas Marco y simplificando los formatos de solicitud y el proceso de emisión de los Informes Motivados Vinculantes.

Es necesario armonizar los sistemas de gobernanza y gestión de Universidades y Centros de Investigación públicos y privados, para responder, de forma ágil, flexible e interactiva a las demandas de I+D+i que se originen en las empresas o sean de su interés directo o indirecto, así como para facilitar la colaboración de los agentes de investigación y los agentes tecnológicos en la realización de proyectos conjuntos orientados a mejorar la competitividad de las empresas españolas.
 
3. Apoyo a la transferencia de tecnología

Resulta necesario focalizar la investigación que se realiza en las Universidades y Centros Públicos de Investigación, facilitando su permeabilidad hacia el tejido productivo y la sociedad, no sólo para asegurar la generación y el mantenimiento del conocimiento, sino también para dar respuesta a los grandes retos sociales y a las necesidades de las empresas. Los últimos años de las titulaciones universitarias deben servir para acercar los estudios a las necesidades inmediatas de las empresas, acortando el proceso de generación de valor de los titulados universitarios en el ámbito laboral.

En este sentido, se deben revisar los indicadores para la asignación de fondos a las Universidades, de manera que se incorporen criterios de evaluación de resultados de sus actividades de I+D (patentes, creación de nuevas empresas, publicaciones en colaboración con empresas, transferencia de investigadores al tejido empresarial, etc).

Para fomentar la participación de los investigadores en proyectos empresariales es preciso eliminar los obstáculos existentes e incrementar los incentivos, como puede ser la valoración más positiva en el currículum de los investigadores de su participación en proyectos de cooperación con el tejido empresarial. Además, se deberían potenciar las lanzaderas de innovación que pongan en contacto al tejido empresarial con los grupos de investigación, startup y emprendedores.

Asignación eficiente de “roles” entre los distintos agentes públicos y privados que integran el sistema de innovación: Universidades, Centros Tecnológicos, Plataformas Tecnológicas, etc. Para ello, es preciso impulsar la colaboración de estos agentes con el tejido empresarial y reforzar las capacidades de absorción de las empresas fomentando la colaboración con estos agentes a través de programas de investigación aplicada y desarrollo experimental.

Debe definirse un nuevo sistema de incentivos que favorezca la repatriación del talento español. Se trataría de un sistema de ayudas específico para la contratación de titulados universitarios españoles que hubieran emigrado al extranjero durante la crisis, de manera que permita recuperar la inversión realizada en su formación.
 
4. Mejora de la financiación de la I+D+i

Priorizar la estabilidad y uniformidad del sistema fiscal español de apoyo a la I+D+i, como elemento fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de la inversión privada y la captación de inversión extranjera en esta materia. Desarrollar un sistema de cesión a terceros de deducciones a la I+D+i para su transformación en liquidez, similar al modelo de EE.UU. Un primer paso podría ser la armonización en el conjunto de la nación siguiendo los pasos del País Vasco y Navarra.

A lo anterior ha de unirse la mejora de los incentivos fiscales a la I+D+i y la simplificación, abaratamiento y reducción de los plazos de emisión de los Informes Motivados Vinculantes para las deducciones fiscales por I+D+i, reforzando la seguridad jurídica de las deducciones aplicadas. Además, es necesario avanzar en la compatibilidad entre bonificaciones fiscales por actividades de I+D+i y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador.

Mayor enfoque a la financiación de la innovación tecnológica y a proyectos cercanos al mercado, tal como se está impulsando desde Europa. Mantener una continua vigilancia sobre la adecuación de los incentivos públicos a las necesidades de las empresas y sobre la eficacia de estas ayudas en la generación de empleo y crecimiento cualitativo de la oferta.

Adaptación de los tipos de interés, plazos de amortización y carencia y las condiciones de avales de los préstamos ligados a las ayudas públicas a la realidad de los mercados y a las características de las empresas receptoras, con el objeto de mejorar la eficiencia de las ayudas públicas. 

Articular mecanismos que permitan la flexibilización de la devolución de las ayudas a la I+D+i en forma de préstamo, evitando que el Estado termine abocando a la liquidación a aquellas empresas cuya I+D+i ha financiado. Se trata de casos en los que se han producido retrasos en los desarrollos o falta de éxito de los proyectos de I+D+i, y donde se pueden articular aplazamientos, moratorias, conversiones, condonaciones, criterios de implantación, etc.

Otorgar a la financiación de la I+D+i mediante la modalidad de subvención una dotación presupuestaria al menos equiparable a la que se utiliza para la modalidad de préstamo, ya que, en la actualidad, el porcentaje de ayudas públicas a la I+D+i empresarial mediante subvención es sensiblemente inferior al porcentaje de ayudas mediante préstamos. Una mayor disponibilidad de subvenciones incrementaría sustancialmente el número de Pymes con actividades de I+D+i.


5. Formación y retención del talento

Es preciso adecuar los planes de estudio universitario y la Formación Profesional a las necesidades reales de las empresas de una forma continuada y sostenible en el tiempo. A ello contribuiría la creación de un programa de Doctorado en Innovación Empresarial y posgrados para directivos en TIC y gestión, así como la incorporación del conocimiento del ámbito digital desde la enseñanza primaria, para estimular el interés y potenciar la formación de un mayor número de profesionales específicos para cada sector. También es preciso impulsar la puesta en marcha de programas de Formación Profesional.

Resulta necesario estimular a los estudiantes para su incorporación a las carreras científico-técnicas, las denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas), por existir en éstas un déficit importante de alumnos y por su potencial para aprovechar, en mayor medida, las capacidades digitales y del ámbito de la I+D+i.


6. Propiedad industrial e intelectual

Facilitar la protección de la innovación por parte de las empresas a través de la Propiedad Industrial y establecer mecanismos para que dicha protección ofrezca la máxima seguridad jurídica a costes razonables. Para ello, resultaría necesario llevar a cabo las acciones precisas para conseguir que el marco jurídico de protección, tanto nacional como europeo e internacional, fuera el más favorable para la industria española. Introducción de cursos informativos sobre las ventajas de la protección de la innovación y el diseño en los Planes de Estudios de carreras técnicas universitarias.


7. Compra pública innovadora

Potenciar el uso de la Compra Pública Innovadora como elemento de tracción de la innovación, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos y considerando tanto a las grandes empresas como a las Pymes especialistas. Se debe mejorar el marco legislativo en relación con la propiedad de los resultados para las empresas que innovan a través de este tipo de mecanismo.

Las Administraciones deben valorar adecuadamente en los concursos y licitaciones públicas las actividades de I+D+i de las empresas.


8. Digitalización

Impulsar un Plan de digitalización de la sociedad española, en el horizonte temporal del año 2020, que se base en tres pilares fundamentales: la innovación, la educación y el emprendimiento. Así como fomentar la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en las Pymes y su migración a procesos digitales, en particular, la movilidad y el comercio electrónico; para favorecer su desarrollo, competitividad e internacionalización.

Por otro lado, potenciar el uso de la tecnología en las Administraciones Públicas como pilar de eficiencia en la reforma de las mismas y como palanca en el desarrollo de la Economía Digital. Así como impulsar los nuevos modelos disruptivos de negocio que permiten las nuevas tecnologías.

Por último, apostar de forma decidida por una política de datos abiertos (Open Data) en todas las Administraciones y Organismos Públicos a todos los niveles, persiguiendo una mayor calidad de los mismos. Todo ello a través de los canales y con los formatos apropiados.


 
9. Fomento de la cultura innovadora en las emrpesas

Reforzar la cultura innovadora en las empresas como elemento fundamental para el crecimiento empresarial. En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo de herramientas que permitan el diagnóstico del nivel innovador propio de cada empresa y su comparación con empresas semejantes del sector. Se deberán articular ayudas públicas específicas para el desarrollo de estas herramientas.

Apoyar la consolidación y el crecimiento de empresas que ya han demostrado claramente su viabilidad en el mercado y que requieren una mayor escala mediante instrumentos específicos de apoyo a la consolidación y crecimiento empresarial. Un claro ejemplo es el de la iniciativa Pyme de la Unión Europea. Resulta necesario disponer de indicadores claros y comunes por sectores de I+D+i y comparativas entre sectores.


10. Innovación social

Dadas las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, las personas deben situarse en el centro de la transformación tecnológica y de la innovación. A través de la innovación social queremos contribuir a que el mundo y la sociedad evolucionen de una forma adecuada. El tejido empresarial no debe ignorar su responsabilidad como parte de la sociedad en el objetivo de contribuir a crear un modelo socioeconómico sostenible y distinto del actual. Es preciso abrir la puerta de las industrias a la sociedad.

Resulta necesario el uso intensivo de las redes, que aportan soluciones que resuelven problemas sociales de manera más efectiva, eficiente y justa, añadiendo un valor agregado a la sociedad como un todo en lugar de únicamente a los individuos. Se debe avanzar en programas de acercamiento práctico y difusión de tecnologías innovadoras a los usuarios potenciales y promover derechos y deberes de la ciudadanía en general.


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