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Las empresas de formación reclaman regulación para la no presencial y el pago de 6 millones pendientes


Más de 600 empleos en 70 centros de formación dependen de que el Gobierno de Cantabria regule la homologación de la formación online tal y como han hecho ya otras Comunidades, de que clarifique las medidas de seguridad en las que las empresas van a tener que invertir para retomar la formación presencial y de que se abonen los más de seis millones de euros pendientes de pago por formaciones impartidas entre 2017 y 2019.

Así lo ha explicado la Presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME, Montserrat Peña quien ha reclamado que el Gobierno adapte el Decreto nacional que regula la formación no presencial a personas en situación de desempleo “para que las empresas puedan continuar su actividad de forma no presencial y quienes a causa de esta crisis del COVID-19 se han quedado en paro puedan acceder a una formación gratuita y más necesaria que nunca”. La formación para desempleados de Cantabria continúa parada pese a que el Servicio Público de Empleo ha emitido una resolución en la que recoge distintas opciones para continuar la impartición en formato no presencial manteniendo los reconocimientos oficiales. Esta resolución no se puede aplicar en Cantabria hasta que el Gobierno regional que tiene las competencias no adapte la norma como ya han hecho otras Comunidades.

Peña ha recordado que “el Gobierno de Cantabria permite a Educación seguir con la formación y finalizar el curso mientras mantiene parada toda la formación de miles de desempleados y a las empresas que la imparten”

El Gobierno de Cantabria concede a las empresas la impartición de la formación a personas desempleadas y abona el 25% del importe del cada curso al inicio de esta formación. Montserrat Peña ha reclamado que el Gobierno regional adelante el abono del 100% del importe de cursos para inyectar a las empresas la liquidez que precisan “en un momento en el que la supervivencia de 600 empleos está en juego”. Esta medida que ya han adoptado otras Comunidades como Canarias supone que las empresas que no ejecuten o justifiquen la impartición de la formación deberían devolver su importe.

Además, las empresas de formación reclaman claridad sobre qué medidas deben instalar para garantizar la seguridad de profesionales y alumnos.

 

 


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